Se aprobó la ley de reconciliación, para muchos es solo "una amnistía disfrazada"
San Salvador (Agencia Fides) – La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles 26 de febrero la controvertida ley nacional de reconciliación por crímenes cometidos durante la guerra civil, rechazada por los defensores de los derechos humanos y por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien dijo que pondrá el veto, ya que la ley no se ajusta a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, dos días antes del vencimiento del mandato, la Asamblea aprobó con 44 votos a favor (de 84 votantes), 11 en contra y una abstención, la ley especial sobre la Justicia de Transición, Reparación y Reconciliación Nacional.
La razón de la desaprobación es que gran parte del contenido final de esta legislación se ha discutido sin involucrar a la opinión pública. "Una ley que se ha elaboradoo sin consultar a las víctimas. En la práctica, solo será un salto hacia la impunidad, una ley de amnistía disfrazada", dijo a la prensa local el diputado Juan José Martell, del Partido Cambio Democrático. "Con esta ley de una falsa reconciliación nacional, se prescribirán crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, los cometidos durante el conflicto civil de 1980 a 1992", agregó.
Para que la ley surta efecto, debe ser aprobada por el presidente Bukele, quien ya se pronunció sobre el veto. "La Presidencia de la República no sancionará ninguna ley que no contenga tres elementos fundamentales para ser justo y constitucional: verdad, reparación, justicia", publicó el presidente en su cuenta oficial de Twitter.
El domingo 23 de febrero, el Arzobispo de San Salvador, Mons. José Luis Escobar, dijo a la comunidad salvadoreña: "Las sentencias del Tribunal Constitucional son definitivas y deben respetarse. Esto no se ha hecho. De hecho, vemos que no se ha trabajado en el tema. Estamos muy preocupados "(ver Fides 24/02/2020). La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también dijo que la ley impone sanciones que no son proporcionales a la gravedad de los actos cometidos y que reducir la sentencia significaría una "amnistía de facto".
(CE) (Agencia Fides, 28/02/2020)
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