Kinshasa (Agencia Fides) - Los representantes de la sociedad civil han expresado sus dudas y perplejidades sobre la aplicación del estado de asedio en las provincias de Kivu Norte e Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que entró en vigor el 6 de mayo (véase Fides 7/5/2021).
“Hasta ahora el parlamento no ha aprobado todavía ninguna ley que regule la aplicación del estado de asedio y del estado de emergencia, como recomienda la Constitución. Esta ley debería especificar, por ejemplo, cómo gestionar las libertades personales durante tal estado de emergencia”, dice el padre Télesphore Malonga, profesor de derecho constitucional en la Universidad Católica de Graben y presidente de la sociedad civil de Butembo, afirmando su gran preocupación por la ausencia de una ley que especifique cómo aplicar el estado de asedio, tal y como exige el artículo 85 de la Constitución.
La orden del 3 de mayo con la que el presidente Félix Tshisekedi puso en marcha el estado de emergencia prevé la sustitución de las autoridades civiles de las dos provincias por un gobernador militar y un vicegobernador de policía durante un periodo de 30 días.
Pero el propio aparato militar y de seguridad no está exento de críticas, de ineficacia e incluso de complicidad con los grupos armados que hacen estragos en las dos provincias. “Dentro del ejército hay un mal funcionamiento que dificulta su profesionalidad y eficacia”, subraya el profesor Chober Agenonga, experto en sociología militar y profesor de la Universidad de Kisangani. “Se trata, por ejemplo, de la insuficiencia de la logística y del material militar, de la malversación de fondos destinados a pagar los salarios de los soldados en el frente, de la existencia de cadenas de mando paralelas y de la complicidad con determinados grupos armados”. “En el ámbito social -continúa el profesor- se observa a veces la misma complicidad entre los milicianos y los miembros de sus comunidades”. “También está la cuestión de la falta de atención a los jóvenes, que facilita su alistamiento en los grupos armados. Todas estas cuestiones explican claramente que el estado de sitio no podrá aportar soluciones duraderas al problema de la inseguridad”, añade el profesor Agenonga. Según el académico, para resolver la crisis en el este del país es necesario reestructurar el ejército dotándolo de una cadena de mando unificada y de recursos profesionales y suficientes gestionados de forma transparente para evitar la malversación de dinero por parte de los oficiales y la transferencia de armas y municiones a los grupos armados; reforzar la confianza y la cooperación entre la población civil y las fuerzas de seguridad, porque ninguna guerra puede ganarse sin la confianza y la cooperación de la población; acelerar el programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración Social (DDRS) para los miembros de los grupos armados que estén dispuestos a dejar las armas; reconstruir las zonas afectadas por la violencia, con la creación de puestos de trabajo para los jóvenes; reforzar la autoridad del Estado; y restablecer la cohesión intercomunitaria, rota por la instrumentalización de las milicias tribales responsables de las masacres de miembros de otras comunidades.
(L.M.) (Agencia Fides 11/5/2021)
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