Delhi (Agencia Fides) - Es urgente apoyar los derechos fundamentales recogidos en la Constitución india en una fase crítica para la vida democrática de la nación, en la que se vulneran los derechos humanos y las libertades de expresión de conciencia y religión: esto es lo que afirman muchas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de defensa de los derechos humanos, foros de iglesias y comunidades religiosas, un día después del 72 Día de la República, que la nación celebró ayer 26 de enero.
El mismo día de 1950 entró en vigor la Constitución, fue un punto de inflexión en la historia de la India cuando se aprobaron leyes que garantizan los derechos fundamentales y las libertades civiles. El entonces presidente Rajendra Prasad, el primer presidente indio, dijo en su discurso del Día de la República de 1950: “Nuestra Constitución es un instrumento democrático que busca garantizar a los ciudadanos individuales la libertad que no tiene precio. La India nunca ha prohibido o perseguido las opiniones o creencias y nuestra filosofía nacional deja espacio para los devotos de un Dios personal, así como para un agnóstico o un ateo. Por tanto, aplicaremos en la práctica, sobre la base de nuestra Constitución, lo que hemos heredado de nuestras tradiciones, a saber, la libertad de opinión y de expresión”.
“El Día de la República de este año se ha celebrado bajo la sombra de graves violaciones de derechos humanos, que socavan las garantías democráticas que ofrece la Constitución de la India. El creciente disenso de los grupos de la sociedad civil contra las leyes y políticas gubernamentales discriminatorias e inconstitucionales, encuentra cada vez más una respuesta dura del Estado. Los defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas, escritores, poetas y estudiantes que condenan las acciones o la inacción del gobierno para defender los principios de la Constitución son etiquetados como 'antinacionales' y las detenciones policiales arbitrarias y los enjuiciamientos basados en pruebas fabricadas han dado lugar a una condena internacional”, señala una red de organizaciones indias e internacionales en una nota recibida en la Agencia Fides. Entre los detenidos se encuentra también el padre Stan Swamy, jesuita de 83 años, que siempre ha defendido, a lo largo de su vida, los derechos de los adivasis y dalits, hoy está acusado de sedición y terrorismo.
La organización de inspiración cristiana “Christian Solidarity Worldwide” señala en un mensaje recibido en la Agencia Fides: “Tras la introducción de la controvertida Ley de Enmienda de Ciudadanía (Citizenship Amendment Act - CAA) en 2019, que viola los artículos 14 y 15 de la Constitución que protegen el derecho a la igualdad y el derecho a no ser discriminados por motivos de religión, respectivamente, los musulmanes en la India siguen sufriendo una discriminación cada vez mayor por motivos de fe”. CSW recuerda un episodio emblemático: en octubre de 2020, las casas pertenecientes a sesenta y cuatro familias musulmanas en la aldea de Bharasingri, distrito de Sonitpur, Assam, fueron demolidas, con el resultado de que más de 500 personas quedaron sin hogar. Los medios locales informaron que el Partido Bharatiya Janata (BJP) hizo campaña acusando a los musulmanes de ser 'inmigrantes ilegales de Bangladesh' antes de la demolición”.
“El artículo 25 de la Constitución protege el derecho a la libertad de religión o creencias en el que todas las personas tienen el mismo derecho a la libertad de conciencia y el derecho a profesar, practicar y difundir la religión libremente”, se afirma. “Sin embargo, los cristianos son víctimas de ataques selectivos contra su fe en todo el país y particularmente en las zonas rurales de la India, donde pueden enfrentarse a un ostracismo permanente que compromete sus medios de vida. La retórica de los partidos nacionalistas que tienen la mayoría en el país, como el BJP, o las organizaciones extremistas hindúes como RSS es la fuente central de incitación al odio y la intolerancia hacia las minorías religiosas, y ha alimentado las tensiones comunitarias, creando preocupaciones incluso entre los titulares del mandato de la ONU”, denuncia la red de la sociedad civil.
John Dayal, activista católico y escritor indio por los derechos civiles, explica a Fides: “No sé qué es más inquietante: la terrible situación de la India en el estándar de respeto de los derechos humanos y la libertad de religión y creencias, o la negación agresiva del gobierno. El actual gobierno federal y muchas de las administraciones regionales detienen a escritores, intelectuales, periodistas y activistas, gracias a tribunales de primera instancia que les niegan la libertad bajo fianza. Los musulmanes son el principal objeto de odio y violencia, mientras que los sacerdotes cristianos siguen siendo acosados, atacados, marginados y detenidos por acusaciones fútiles. El Día de la República de ayer estuvo marcado por protestas masivas ante el poder desmedido del Estado.
En 2020, fueron las mujeres quienes encabezaron la protesta, este año ha sido la comunidad campesina la que ha impugnado tres leyes que tienen un grave impacto en la agricultura”.
Las ONG y los grupos religiosos dicen estar “profundamente preocupados por la erosión de los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución”, e instan al gobierno indio a “defender los principios sagrados contenidos en este documento que obliga a sus ciudadanos a la búsqueda de justicia, de libertad, igualdad y fraternidad, y para que el país no se desvíe de la visión sobre la que se construyó la India”.
(PA) (Agencia Fides 27/1/202)
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