Alina Tufani – Vatican News
“La vida y la libertad son bienes sagrados de la humanidad. De ninguna manera pueden ser objeto de atropello o manipulación de parte de sectores políticos, económicos e ideológicos”. Esta la sentencia de los obispos paraguayos ante el secuestro, el pasado miércoles, del expresidente de Paraguay, Oscar Denis Sánchez y de su asistente Adelio Mendoza, ocurrido en Bella Vista, al Norte del departamento de Concepción, por parte de una brigada indígena del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Solidaridad y cercanía a las familias ante esta difícil situación
En un comunicado del Consejo permanente de la Conferencia Episcopal de Paraguay (CEP), los obispos manifiestan solidaridad y cercanía a las familias ante esta difícil situación que rechazan enérgicamente.
La CEP subraya que en estos últimos tiempos varios hechos violentos sucedidos en el país atentan contra la paz de la ciudadanía, en clara referencia a los enfrentamientos entre campesinos y fuerzas de seguridad que suelen ocurrir en algunas regiones del país, fundamentalmente por cuestiones relativas a la tenencia y explotación de la tierra.
Que los ciudadanos no permanezcan indiferentes
La Iglesia paraguaya exhorta también a los ciudadanos a no permanecer indiferentes ante este tipo de hechos de violencia que “lastiman la fraternidad y debilitan la paz social”, al tiempo que animan la promoción de una convivencia más justa, solidaria y pacífica. Este mensaje concluye con las siguientes palabras:
Dos niñas de once años perdieron sus vidas…
El ex vicepresidente y su asistente fueron capturados por el grupo armando del EPP que reivindicó el secuestro perpetrado en la tarde del miércoles, 9 de septiembre, en Bella Vista, Departamento de Amambay. A solo 10 kilómetros del lugar, queda la comunidad de Yby Yau, donde se produjo, hace una semana, el operativo de las Fuerzas de Tarea Conjunta del Estado contra el EPP, en el que murieron dos niñas de once años. Para la liberación del ex vicepresidente de la República, los secuestradores exigieron, hoy, que la familia reparta provistas de alimentos y productos de la cesta básica a 40 comunidades por un valor total de 2 millones de dólares, 50 mil a cada comunidad, y que dejen en libertad a dos miembros de su comunidad, actualmente en prisión. El plazo para la repartición de los bienes a las comunidades es de ocho días con la presencia de los medios de comunicación nacional.
Publicar un comentario