(zenit – 15 dic. 2020).- Los obispos de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) han emitido un comunicado dirigido a la opinión pública con motivo del último hallazgo de migrantes venezolanos fallecidos en las costas del Estado Sucre.
La nota de la CEV, publicada el lunes 14 de diciembre de 2020, señala su intención de “llamar la atención respecto de situaciones que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de la población migrante de Venezuela que busca llegar a territorio de la isla de Trinidad desde el estado Sucre”, en esta ocasión 12 personas muertas y ocho desaparecidas.
Responsabilidad conjunta
En vista de los últimos sucesos “particularmente graves y dolorosos”, el episcopado se dirige a las autoridades estatales, los órganos internacionales de protección y a la opinión pública para apelar a una responsabilidad conjunta.
Insiste en que tanto la República venezolana como la de Trinidad y Tobago “están obligadas a respetar íntegramente y sin discriminación de ningún tipo todos los derechos humanos de las personas migrantes, específicamente todos los deberes de prevención, investigación, sanción a los responsables, reparación integral de las violaciones a los derechos humanos y no discriminación”.
La investigación de los hechos, prosigue, se debe garantizar “conforme a protocolos internacionales y con pleno respeto a los derechos que asisten a los familiares en su condición de víctimas”, y no debe tener solo carácter “formal”, sino conducir también al establecimiento de “responsabilidades penales, civiles y administrativas”.
Denuncia
Los obispos señalan que la conducta de las autoridades trinitenses es “inaceptable por incurrir en una transgresión del deber de no devolución”, proceso respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA): “una persona no puede ser rechazada en la frontera” sin un estudio personalizado de su solicitud, y “antes de realizar una devolución”, las autoridades estatales deben asegurarse de su protección adecuada.
Del mismo modo, denuncian sus “manifestaciones de estigmatización y discriminación hacia las personas de nacionalidad venezolana que en calidad de migrantes voluntarios o forzados buscan regularizar su situación legal en dicho estado”.
Por último, acusan a las autoridades de Venezuela y las de Trinidad y Tobago por sus declaraciones de “criminalización y desprestigio hacia los funcionarios internacionales de los órganos de protección y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de realizar trabajo humanitario con la población migrante venezolana, que es un grupo particularmente vulnerable respecto de sus derechos humanos y su situación humanitaria”.
Compromiso
Los prelados de Venezuela concluyen instando a no olvidar “este tipo de hechos” como una “cifra más en estadísticas e informes”. También llaman a la responsabilidad de los gobiernos nacionales antes citados y comprometen sus esfuerzos con la “dignidad de las personas”.
Por último, se solidarizan con los familiares, “orando para que el Buen Dios en su infinita misericordia consuele el llanto de los afligidos por esta tragedia y les conceda el eterno descanso a los fallecidos”, y expresan su comunión con “la Iglesia que peregrina en la Diócesis de Carúpano y con su pastor Mons. Jaime Villarroel”.
Hechos
Tal y como apunta el comunicado episcopal, la guardia costera de Trinidad y Tobago confirmó que las personas fallecidas viajaban en una embarcación reportada como desaparecida desde el día 5 de diciembre, con aproximadamente 20 personas a bordo que intentaron llegar a la isla trinitense.
Las informaciones aportadas por las familias de los difuntos y el personal pastoral de Cáritas de Güiria señalan que los cuerpos fueron trasladados trasladados a la ciudad de Cumaná para practicarles los exámenes médico-legales en vista de las carencias materiales existentes en la ciudad sucrense.
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