Tibú (Agencia Fides) - “El ruido de la guerra tiene más impacto que el clamor de un pueblo”. Esta es la denuncia de Mons. Omar Sánchez Cubillos, obispo de Tibú (norte de Colombia), en una declaración de vídeo recibida en la Agencia Fides. Comentando un comunicado de la diócesis, el prelado ha puesto de manifiesto la situación de amplias zonas de la región amazónica del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde la población es la principal víctima de la guerra generada por el enfrentamiento entre grupos armados como el ELN (Ejercito de Liberación Nacional, que oficialmente está en estado de cese el fuego, a la espera de retomar las conversaciones de paz con el gobierno) y el EPL (Ejercito Popular de Liberación) y sus respectivos grupos disidentes.
Después de los acuerdos de paz con las FARC y su desmovilización, el Catatumbo se ha convertido en tierra de nadie, disputada entre el ELN y el EPL que, después de confrontaciones continuas, están en un estado de guerra entre sí. El lunes, la prensa local publicó un vídeo que mostraba a seis miembros muy jóvenes del ELN que habrían sido secuestrados por la disidencia del EPL, mientras que el día anterior el EPL oficial había informado al público sobre su disposición para dialogar. El obispo afirma que la movilización armada sin fecha de caducidad decidida por el EPL el 15 de abril,está provocando un confinamiento de civiles, víctimas de la violencia y el terror infundidos por la guerrilla en cada uno de sus movimientos. “Desafortunadamente se constata que quien domina el territorio con las armas puede determinar quién sale, quién entra, quién trabaja, quién vive o quién muere”, acusa. La guerra tiene un límite, advierte Mons. Sánchez, pidiendo a los grupos rebeldes que se sometan al Derecho Internacional Humanitario, que protege a la población, además de advertir acerca de la crisis económica que se avecina si no se pone fin a todo esto, con la ruptura de los procesos sociales que comenzaban a tomar forma en la zona.
El obispo también pide al Estado, de forma urgente una mayor presencia, que pueda detener el inminente desplazamiento de civiles, y la posible crisis humanitaria que está a las puertas. “Como Estado – y como Iglesia en lo que nos toca a nosotros-, debemos ayudar a preparar a las comunidades para tener mecanismo de protección muy claros. Como lo estamos haciendo desde las diócesis en escuelas y en algunos cascos urbanos de estos corregimientos”. Luego asegurando que los sacerdotes seguirán acompañando a las comunidades, ha pedido oraciones al pueblo colombiano, alentando a la población para que de esta crisis se saquen enseñanzas positivas “porque el Catatumbo se merece una página que finalmente se escriba con reconciliación y paz”.
El comunicado de prensa también denuncia la desinformación de los medios en este sentido. Organismos como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos confirman que no se han producido conflictos armados y, sin embargo, “la violencia simbólica se ha estructurado y difundido mediante la imposición de normas y amenazas a los ciudadanos”. Además, se ha producido carencia de subsistencias. La ONU habla de al menos de 144,000 personas que han sufrido serias restricciones en el acceso a bienes y servicios esenciales o limitaciones en su movilidad, además de 2,819 personas desplazadas y 44,829 niños que no pueden ir a la escuela. Los menores, las personas mayores, los jóvenes, las mujeres embarazadas y las comunidades indígenas son los sectores más afectados “Las estrategias empleadas en este escenario de control”, advierte el comunicado, “afectan al estado emocional y psicosocial de personas y comunidades, lo que repercute en la reactivación del silencio, alimentado por las sensaciones de miedo y angustia, como mecanismo de respuesta ante las secuelas de la violencia”. (SM) (Agencia Fides 25.04.2018)
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