(ZENIT – 6 Nov. 2017).- A las 13 horas de hoy, en la Sala de Prensa de la Santa Sede, ha tenido lugar una rueda de prensa para clausurar el Taller ‘Asistiendo las víctimas del Tráfico Humano – Mejores prácticas en el reasentamiento, asistencia legal y compensación’ que se ha celebrado en la Casina Pio VI del Vaticano, del 4 al 6 de noviembre de 2017.
Han intervenido en la conferencia de prensa Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales; la profesora Margaret S. Archer, presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales; la abogada Jami Solli, co-organizadora del Taller y fundadora de la Alianza Global para Ayuda Legal (GALA).
La Alianza Global para Ayuda Legal es una asociación de juristas que abogan por el interés público y brindan asistencia legal a los pobres en los países en desarrollo.
La última intervención ha sido la de Rani Hong, mujer india, víctima del tráfico de personas y presidente de la Fundación ‘Tronie’, quien ha narrado su propia historia, que sufrió a los 8 años en su país de origen. Hong ha denunciado que hay alrededor de 40 millones de personas en el mundo con las que se comercia, y pide una mayor implicación por parte de las Naciones Unidas.
Mejorar el “reasentamiento”
En general –afirman los organizadores– es la sociedad civil la que ha llevado la carga de proporcionar y financiar esquemas de reasentamiento a través de las actividades generosas de asociaciones voluntarias.
Esta dedicación personal por parte de los trabajadores voluntarios siempre será necesaria porque, de lo contrario, las víctimas del tráfico serán “patologizadas” como un grupo homogéneo que necesita un tratamiento profesional ya menudo psiquiátrico.
Apuntan tres factores que “militan contra la satisfacción de estas necesidades”, algunos de ellos operan con una flagrante injusticia, otros simplemente son inadecuados y casi todos pasan efectivamente la factura por hacer frente al sector voluntario, califican los organizadores.
En primer lugar, muchos países operan mecanismos de derivación que proporcionan alojamiento en un albergue de corta duración para las víctimas.
En segundo lugar, las solicitudes de las víctimas para este derecho a permanecer con frecuencia proscriben el derecho al trabajo. En este caso, se vuelven completamente dependientes de los beneficios del Estado.
Adquirir habilidades
En tercer lugar, las víctimas que necesitan habilidades básicas, como el aprendizaje de idiomas, están a merced de una “lotería postal”, es decir, ¿existe un Centro para Migrantes / Refugiados que ofrezca dichos servicios en las inmediaciones a las que se hayan mudado o no? Para aquellos con suficientes habilidades lingüísticas, el mismo problema surge si buscan capacitación vocacional, indican los profesionales.
Además de otras iniciativas, los participantes en el taller consideran el papel que los Estados juegan en la erradicación de la esclavitud moderna.
Por ejemplo –señalan– el modelo nórdico, que por primera vez en la historia penaliza a los clientes en lugar de a las víctimas de la prostitución, “puede considerarse como una forma de mejores prácticas”. Aunque esta ley se introdujo en Suecia hace más de 20 años, hoy ha sido adoptada por los siguientes países: Corea del Sur (2003), Noruega e Islandia (2009), Canadá (2014), Irlanda del Norte (2015), Francia (2016) y la República de Irlanda (febrero de 2017). Idealmente, esta ley debería ser adoptada progresivamente por todos los países del mundo.
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