(ZENIT – 5 julio 2019).- La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), a través de un comunicado de la Comisión de Justicia y Paz difundido ayer, 2 de julio de 2019, condenó la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo y la violencia ejercida hacia el joven Rufo Chacón Parada.
El capitán Rafael Acosta murió por causa de las torturas perpetradas por sus captores y el joven Rufo Chacón Parada ha quedado desfigurado y ciego tras la violencia ejercida por las fuerzas policiales mientras se manifestaba por la falta de gas en los hogares y ante ellos.
Ante estos trágicos hechos, los obispos manifiestan que el Estado Venezolano “es responsable” y añaden: “No consentiremos la manipulación, el disimulo y la atenuación de estos graves hechos. Es nuestro compromiso como Iglesia, que ve en el rostro sufriente de los familiares y de las víctimas el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos víctimas hoy representan los gritos de muchos otros ciudadanos que han sido sometidos a iguales patrones y sus casos han sido invisibilizados”.
La Comisión de Justicia y Paz del episcopado venezolano continúa denunciando en el comunicado que “la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, excesos policiales” se han convertido en prácticas permanentes en el cuerpo militar y policial. Estas prácticas constituyen un “atentado a la dignidad de la persona y viola las convenciones y tratados suscritos por la República, que hace responsable directamente a los funcionarios que las ordenan, las apliquen, las toleren o que pudiendo impedirlo, no lo hagan”.
Sobre el caso de Rufo Chacón, los obispos señalan que “la desproporción en el uso de la fuerza” ha dejado “secuelas imborrables en la familia”. El joven se ha quedado ciego y desfigurado y “sin ganas de vivir” y su “madre traumatizada” y a ambos se le niegan los derechos básicos de la vida y también el de manifestarse. “El silencio no es una opción ante tanto atropello”, recalca el documento.
En cuanto a la muerte del capitán Arévalo, exigen que las investigaciones deban realizarse de acuerdo a “los estándares y protocolos internacionales relacionados con los casos de tortura y no como una simple investigación penal”, lo cual supone “la realización de la autopsia de ley adecuada y con expertos independientes y a preservar de manera adecuada todo el acervo probatorio”.
Además, consideran inaceptable “la precalificación e imputación de homicidio preterintencional con causal, de la cual la Comisión ha tenido información, pretende disimular la grave violación de los derechos humanos infringida contra el Capitán Arévalo”.
Los prelados manifiestan que conocen que los perpetradores de estos crímenes son jóvenes de apenas 22 y 23 años y se lamentan de que este sea el futuro de las Fuerzas Armadas, describiendo a dicha juventud como “víctimas de un sistema que ha permitido esta degradación moral y espiritual en nuestro país”.
Finalmente, la Comisión de Justicia y Paz exhorta a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos a exigir al Estado venezolano “el cese del patrón de violaciones a los derechos humanos en el país” y a todos los familiares y grupos de Derechos Humanos “a no desfallecer en el instrumento de la denuncia que parece ser hoy no tan asertivo ante un Estado de alta impunidad”.
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