(ZENIT – 15 julio 2019).- Ante la posibilidad de firma de un acuerdo entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Guatemala, Jimmy Morales, que implicaría el compromiso para Guatemala de ejercer la función de tercer país seguro, la Conferencia Episcopal de Guatemala difundió un comunicado el pasado 13 de julio de 2019 para manifestar sus impresiones y realizar un par de peticiones.
En dicho texto, titulado “Mi padre fue un arameo errante” (Dt 26,5), en primer lugar, los obispos confiesan su preocupación ante las consecuencias que podría acarrear dicha alianza, ya que consideran que agravaría más “la difícil situación de los migrantes en nuestro país, personas que buscan en el Norte las oportunidades que aquí les son negadas”.
Por otro lado, consideran que las iniciativas del gobierno deberían “centrarse en su responsabilidad de proveer con un mínimo de oportunidades de vida digna a la población”.
En segundo lugar, se muestran convencidos de que el país no sería capaz de absorber “a la población migrante que venga de otros países y con los que nos obligaríamos a mantener y a proveer de seguridad, atención en salud, albergues adecuados, y eventualmente fuentes de trabajo”.
Asimismo, trasmiten su inquietud ante la falta de transparencia frente a un asunto tan relevante para el país y su temor ante “una imposición evidente que mostraría cesión de soberanía y damnificaría grandemente al pueblo de Guatemala”
Por todo ello, los miembros del episcopado solicitan que se renuncie a firmar un acuerdo como este porque menoscaba “el bien y soberanía misma del país” y que el tema de la migración “tanto en nuestros propios migrantes como en los que atraviesan nuestro territorio, sea considerado como asunto de primerísima importancia tanto para el sector público como para toda nuestra sociedad”.
De acuerdo a las informaciones ofrecidas por CNN en español, ayer, domingo 14 de julio, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó un amparo provisional que dictamina que el presidente Jimmy Morales no podría formalizar dicho convenio con Estados Unidos sin el mecanismo correspondiente, ya que esto va contra la normativa vigente.
Tercer país seguro
Según explica BBC Mundo, la idea de “tercer país seguro” surge a raíz de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se firmó en 1951, en Ginebra (Suiza).
El concepto, resumidamente, implica que cuando una persona abandona su país para solicitar asilo en otro, este segundo país puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero que considere que puede darle las mismas atenciones.
Según la Convención de Ginebra, hay unas condiciones mínimas que un país debe cumplir para poder tener esa categoría. La fundamental es que garantice que los solicitantes de asilo no van a ser retornados a su país de origen, esto es, que se respete el principio de “no devolución”.
Además, deben asegurar: el derecho a la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo y educación; el derecho a la reunificación familiar; y que los solicitantes presentan un vínculo cercano con ese tercer país.
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